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De Arbenz a Zelaya: Chiquita (United Fruit) en Latinoamérica

Equipo de redaccion — Sun, 19 Jul 2009 10:52:22 +0000

“En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del parlamento.”

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Cuando los militares hondureños derrocaron el gobierno democráticamente elegido de Manuel Zelaya hace dos semanas, puede haber habido un suspiro de alivio en las salas del consejo corporativo de Chiquita banana. A principios de este año la compañía frutera basada en Cincinnati, EE.UU. se unió a Dole en su crítica al gobierno en Tegucigalpa que había aumentado el salario mínimo en un 60%. Chiquita se quejó de que las nuevas reglas afectarían los beneficios de la compañía, y exigirían que la firma tuviera costes más elevados que en Costa Rica: 20 centavos de dólar más para producir una caja de ananás y diez centavos más para producir una caja de plátanos, para ser exacto. En total, Chiquita se inquietaba porque perdería millones con las reformas laborales de Zelaya ya que la compañía producía unas 8 millones de cajas de ananás y 22 millones de cajas de plátanos por año.

Cuando apareció el decreto del salario mínimo, Chiquita buscó ayuda y apeló al Consejo Hondureño de Empresa Privada (COHEP). Como Chiquita, COHEP estaba descontento con la medida de Zelaya sobre el salario mínimo. Amílcar Bulnes, presidente del grupo, argumentó que si el gobierno seguía adelante con el aumento del salario mínimo, los empleadores se verían obligados a despedir trabajadores, aumentando así el desempleo en el país. Como principal organización empresarial en Honduras, COHEP agrupa a 60 asociaciones empresariales y cámaras de comercio que representan todos los sectores de la economía hondureña. Según su propio sitio en Internet, COHEP es el brazo político y técnico del sector privado hondureño, apoya los acuerdos de comercio y suministra “apoyo crítico para el sistema democrático.”

COHEP argumenta que la comunidad internacional no debiera imponer sanciones económicas contra el régimen golpista en Tegucigalpa, porque empeorarían los problemas sociales de Honduras. En su nuevo papel como vocero de los pobres de Honduras, COHEP declara que Honduras ya ha sufrido terremotos, lluvias torrenciales y la crisis financiera global. Antes de castigar al régimen con medidas punitivas, arguye COHEP, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos deberían enviar equipos de observadores a Honduras para evaluar cómo las sanciones afectarían a un 70% de los hondureños que viven en la pobreza. Mientras tanto, Bulnes ha expresado su apoyo al régimen golpista de Roberto Micheletti y argumenta que las condiciones políticas en Honduras no son propicias para un retorno del exilio de Zelaya.

Chiquita: De Arbenz a Bananagate

No sorprende que Chiquita busque y se alíe con fuerzas social y políticamente retrógradas en Honduras. COLSIBA, el organismo coordinador de los trabajadores de plantaciones de plátanos en Latinoamérica, dice que la compañía frutera no ha suministrado a sus trabajadores los equipos de seguridad necesarios y que ha retardado la firma de acuerdos laborales colectivos en Nicaragua, Guatemala y Honduras.

La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros, COLSIBA compara las condiciones laborales infernales en las plantaciones de Chiquita con campos de concentración. Es una comparación inflamatoria, pero puede contener un cierto grado de verdad. Mujeres que trabajan en las plantaciones de Chiquita en Centroamérica trabajan de las 6.30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con manos que arden dentro de guantes de goma. Algunos trabajadores tienen sólo 14 años. Los trabajadores bananeros centroamericanos han denunciado que Chiquita los expone en el terreno a DBCP, peligroso pesticida que causa esterilidad, cáncer y defectos congénitos en los niños.

Chiquita, conocida antes como United Fruit Company y United Brands, ha tenido una larga y sórdida historia política en Centroamérica. Dirigida por Sam “The Banana Man” Zemurray, United Fruit entró al negocio de los plátanos a comienzos del Siglo XX. Zemurray observó una vez: “En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del parlamento.” En los años veinte United Fruit controlaba 263.000 hectáreas de la mejor tierra en Honduras, cerca de un cuarto de la tierra cultivable del país. Lo que es más, la compañía controlaba carreteras y ferrocarriles.

En Honduras, las compañías fruteras extendieron su influencia a todas las áreas de la vida, incluidas la política y las fuerzas armadas. Por esas tácticas adquirieron el nombre de ‘los pulpos.’ Los que no aceptaban el juego de las corporaciones eran hallados a menudo boca abajo en las plantaciones. En 1904, el humorista O. Henry acuñó el término “República bananera” para referirse a la tristemente célebre United Fruit Company y sus actividades en Honduras.

En Guatemala, United Fruit apoyó el golpe militar patrocinado por la CIA en 1954, contra el presidente Jacobo Arbenz, un reformador que trató de realizar una reforma agraria. El derrocamiento de Arbenz llevó a más de treinta años de intranquilidad y de guerra civil en Guatemala. Posteriormente, en 1961, United Fruit prestó sus barcos a exiliados cubanos respaldados por la CIA que trataron de derrocar a Fidel Castro en Playa Girón.

En 1972, United Fruit (rebautizada como United Brands) llevó al poder al general hondureño Oswaldo López Arellano. Sin embargo, el dictador tuvo que renunciar posteriormente después del infame escándalo “Bananagate” que tuvo que ver con sobornos de United Brands para López Arellano. Un jurado de acusación estadounidense acusó a United Brands de sobornar a Arellano con 1,25 millones de dólares, con la promesa de otros 1,25 millones si el militar aceptaba la reducción de los impuestos a la exportación de frutas. Durante el Bananagate, el presidente de United Brands cayó de un rascacielos de Nueva York, en un aparente suicidio.

Los años Go-Go de Clinton Years y Colombia

United Fruit también se estableció en Colombia y, durante sus operaciones en el país sudamericano, desarrollo una imagen no menos accidentada. En 1928, 3.000 trabajadores se declararon en huelga contra la compañía para pedir mejores condiciones de paga y trabajo. La compañía primero se negó a negociar, pero después cedió en algunos puntos menores, y declaró que las otras demandas eran “ilegales” o “imposibles.” Cuando los huelguistas se negaron a dispersarse, los militares dispararon contra los trabajadores, matando a muchos de ellos.

Podría pensarse que Chiquita habría reconsiderado sus políticas laborales después de lo sucedido pero a fines de los años noventa, la compañía comenzó a aliarse con fuerzas insidiosas, específicamente con paramilitares derechistas. Chiquita les pagó hasta más de un millón de dólares. En su propia defensa, la compañía declaró que simplemente estaba pagando a los paramilitares para obtener protección.

En 2007, Chiquita pagó 25 millones de dólares para dirimir una investigación del Departamento de Justicia sobre esos pagos. Chiquita fue la primera compañía en la historia de EE.UU. condenada por tratos financieros con una organización terrorista específica.

En un juicio contra Chiquita, víctimas de la violencia paramilitar afirmaron que la firma instigaba a cometer atrocidades, incluyendo terrorismo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Un abogado de los demandantes dijo que la relación de Chiquita con los paramilitares “tenía que ver con la adquisición de todos los aspectos de la distribución y venta de plátanos mediante un reino del terror.”

De vuelta en Washington, Charles Lindner, director ejecutivo de Chiquita, estaba ocupado cortejando a la Casa Blanca. Lindner había sido un gran donante del Partido Republicano, pero cambio de lado y comenzó a prodigar dinero a los demócratas y a Bill Clinton. Clinton recompensó a Lindner convirtiéndose en un crucial respaldo militar del gobierno de Andrés Pastrana, responsable de la proliferación de escuadrones de la muerte derechistas. En esos días EE.UU. impulsaba su agenda de libre comercio amistosa hacia las corporaciones en Latinoamérica, una estrategia realizada por el antiguo amigo de infancia de Clinton, Thomas “Mack” McLarty. En la Casa Blanca, McLarty actuó como Jefe de Gabinete y Enviado Especial para América Latina. Es un personaje fascinante a quien volveré en un instante.

La conexión Holder-Chiquita

En vista del historial poco limpio de Chiquita en Centroamérica y Colombia, no sorprende que la compañía haya tratado de aliarse posteriormente con COHEP en Honduras. Aparte de cabildear a asociaciones empresariales en Colombia, Chiquita también cultivó relaciones con firmas legales importantes en Washington. Según el Center for Responsive Politics, Chiquita ha pagado 70.000 dólares en gastos de cabildeo a Covington and Burling en los últimos tres años.

Covington es una poderosa firma legal que asesora a corporaciones multinacionales. Eric Holder, actual Fiscal General [Ministro de justicia], co-presidente de la campaña de Obama y ex Fiscal General Adjunto bajo Bill Clinton fue hasta hace poco socio de la firma. En Covington, Holder defendió a Chiquita como abogado principal en su caso con el Departamento de Justicia. Desde lo alto de su elegante nueva oficina en Covington, ubicada cerca del edificio del New York Times en Manhattan, Holder preparó a Fernando Aguirre, director ejecutivo de Chiquita, para una entrevista con “60 Minutes” sobre los escuadrones de la muerte colombianos.

Holder hizo que la compañía frutera se declarara culpable de un cargo de “entrar en transacciones con una organización explícitamente identificada como organización terrorista global.” Pero el abogado, que cobraba un considerable salario en Covington del orden de más de 2 millones de dólares, medió en un dulce acuerdo según el cual Chiquita sólo pagó una multa de 25 millones de dólares durante cinco años. Escandalosamente, sin embargo, ni uno de los seis funcionarios de la compañía que aprobaron los pagos recibió una condena a la cárcel.

El curioso caso de Covington

Si se mira un poco más detenidamente se descubrirá que Covington no sólo representa a Chiquita sino que sirve como una especie de nexo para la derecha política que quiere propugnar una política exterior agresiva en Latinoamérica. Covington mantuvo una importante alianza estratégica con Kissinger (famoso por Chile en 1973) y McLarty Associates (sí, el mismo Mack McLarty de los días de Clinton), una firma muy conocida internacionalmente de consultoría y asesoría estratégica.

John Bolton sirvió de 1974 a 1981 como socio en Covington. Como embajador de EE.UU. en Naciones Unidas bajo George Bush, Bolton fue un crítico feroz de izquierdistas en Latinoamérica como Hugo Chávez. Además, John Negroponte se convirtió hace poco en vicepresidente de Covington. Negroponte es un ex secretario adjunto de Estado, director de Inteligencia Nacional y representante de EE.UU. ante Naciones Unidas.

Como embajador de EE.UU. en Honduras desde 1981 hasta 1985, Negroponte jugó un papel importante en la ayuda a los rebeldes de la Contra respaldados por EE.UU. que se proponían derrocar el régimen sandinista en Nicaragua. Grupos de derechos humanos han criticado a Negroponte por hacer caso omiso de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los escuadrones de la muerte hondureños que fueron financiados y parcialmente entrenados por la CIA. Por cierto, cuando Negroponte sirvió como embajador, su edificio en Tegucigalpa se convirtió en unos de los mayores centros neurálgicos de la CIA en Latinoamérica y decuplicó su personal.

Aunque no hay evidencia que vincule Chiquita al reciente golpe en Honduras, existe suficiente confluencia de personajes sospechosos y de políticos influyentes como para justificar más investigación. Desde COHEP a Covington hasta Holder y Negroponte y McLarty, Chiquita ha seleccionado a amigos en puestos importantes, amigos que no aprecian las políticas laborales progresistas del gobierno de Zelaya en Tegucigalpa.

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Nikolas Kozloff es autor de “Revolution! South America and the Rise of the New Left” (Palgrave-Macmillan, 2008). Su blog es: senorchichero.blogspot.com

http://www.counterpunch.org/kozloff07172009.html

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Base militar de EEUU en el centro del golpe: Intención de expulsar a la presencia militar estadounidense pudiera haber sido causa del golpe militar

Equipo de redaccion — Fri, 03 Jul 2009 00:26:41 +0000

Eva Golinger – Telesur

El Presidente Manuel Zelaya fue secuestrado y llevado forzadamente por militares encapuchados desde la residencia presidencial en Tegucigalpa durante la madrugada del domingo, 28 de junio. Fue trasladado a la base militar de Hernán Acosta Mejía en las afueras de Tegucigalpa. Luego de permanecer durante un tiempo en la base militar, el Presidente Zelaya fue enviado a Costa Rica en el avión presidencial, país que lo recibió luego del brutal golpe militar que aún estaba en pleno desarrollo en Honduras. Mientras occuría el golpe de estado, los militares estadounidenses y los representantes de Washington en la embajada estadounidense en Tegucigalpa tenían conocimiento pleno de los sucesos.

Estados Unidos mantiene una base militar en Soto Cano, ubicada a 97 kilómetros de la capital, ha sido operativa desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan. En los años ochenta, Soto Cano fue utilizada por el Coronel estadounidense Oliver North, como una base de operaciones para la ”Contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Desde Soto Cano, la ”Contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que resultaron en miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, desfigurados y aterrorizados en Centroamérica.

La base de Soto Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta ”Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas áereas, fuerzas de seguridad conjuntas y el Primer Batallón-Regimento No. 228 de la Aviación estadounidense. Son aproximadamente 600 tropas en total y 18 aviónes de combate, incluyendo helicópteres UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven dentro de las guarniciones de la base. En 2005, comenzaron a construir viviendas dentro de la base, incluyendo a 44 edificios de apartamentos y varias residencias para las tropas.

La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo ”de mano” entre Washington y Honduras autoriza a la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, en un acuerdo ‘’semi-permanente”. El acuerdo fue realizado en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. Cada año, Washington autoriza cientos de millones de dólares en ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso.

El 31 de mayo de 2008, el Presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) será utilizada para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil fue financiado por un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).

El Comandante de la Aviación de Honduras, General Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto el General Romeo Vásquez, destituido por el Presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar sólo días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.

Aunque Honduras depende economicamente de Estados Unidos, durante los últimos meses, la relación diplomática entre los países comenzó a deteroriar. En noviembre 2008, el Presidente Zelaya felicitó al Presidente Obama por su victoria electoral, clasificándola como ”una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya envió una carta personal a Obama, acusando a Estados Unidos de ”intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a ”respetar a los principios de la no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones.” Zelaya también solicitó al Presidente Obama a ”revisar a los procedimientos de imigración y la otorgación de visas como un mecanismo de presión contra aquellas personas que tengan creyencias distintas e ideologías que no presentan amenaza ninguna a Estados Unidos.” Adicionalmente, el presidente hondureño le comentó que ”la lucha legítima contra el narcotráficoÂ…no debe ser utilizada como una excusa para imponer a políticas intervencionista en otros países.” Poco después, el Presidente Zelaya, junto al Presidente Daniel Ortega de Nicaragua, boicoteó una reunión del Sistema de Integración de Centro América (SICA), en donde iba a estar presente el vicepresidente estadounidense Joe Biden.

Washington ha admitido que tenía conocimiento previo del golpe de estado en Honduras desde antes de la semana pasada. En declaraciones a la prensa este lunes, dos voceros del Departamento de Estado comentaron que su embajador y un equipo de la diplomacia estadounidense ”estaban en conversaciones” con los actores principales del golpe desde hace un mes. Esas ”conversaciones” se intensificaron durante la semana pasada, cuando el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, se reunió tres veces con los militares golpistas y los grupos cívicos para tratar de buscar otra salida.

La administración de Obama ha condenando al golpe en Honduras, pero de manera muy mesurada, clasificándolo como una acción que está ”evolucionando hacia un golpe”, pero confirmando que legalmente no lo consideran como un golpe de estado. Esta ambiguidad permite a Estados Unidos mantener la relación diplomática con Honduras y el gobierno de facto, reconocer al gobierno golpista, y mantener la ayuda militar y económica al país. En caso de clasificar a los hechos como un golpe de estado, bajo ley, Estados Unidos estaría obligado de romper relaciones diplómaticas y suspender a la mayoría del apoyo económico y militar al país.

Obviamente, Washington no quiere arriesgar la clausura de su base militar en Soto Cano y la expulsión de sus 600 efectivos militares. Además, la mayoría de las fuerzas armadas hondureñas y los altos oficiales que han participado en el golpe son aliados y socios importantes del Pentágono. Las acciones del Presidente Zelaya de construir un terminal civil en Soto Cano y autorizar vuelos internacionales comerciales, realizadas con los fondos del ALBA, facilmente se pudiera entender como una amenaza a la futura presencia militar estadounidense en Honduras. Además de otras razones, esta podría explicar la ambiguidad pública de Obama frente al golpe en Honduras.

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El primer golpe de Estado de Obama

Equipo de redaccion — Sun, 28 Jun 2009 21:28:17 +0000

Golpe de Estado en Honduras – Eva Golinger

Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Paloma Valverde y Manuel Talens

[Nota: En estos momentos son las 11 y cuarto de la mañana, hora de Caracas. Manuel Zelaya, presidente de Honduras, está hablando en directo en TeleSur desde San José (Costa Rica). Ha confirmado que esta madrugada unos soldados irrumpieron abriendo fuego en su residencia y lo amenazaron de muerte, a él y a su familia, si se oponía al golpe de Estado. Se vio obligado a acompañar a los soldados, que lo transportaron a la base aérea, desde donde voló a Costa Rica. Ha solicitado que el gobierno de Estados Unidos emita un comunicado en el que condene el golpe, pues lo contrario significaría su aquiescencia.]

Discurso y apoyo popular horas previas a su secuestro

Caracas (Venezuela).- El mensaje de texto que sonó en mi teléfono móvil esta mañana decía así: “Alerta, Zelaya ha sido secuestrado, golpe de Estado en marcha en Honduras. Difúndelo.” Ha sido un duro despertar en un domingo por la mañana, sobre todo para los millones de hondureños que se estaban preparando para ejercer por primera vez su sagrado derecho al voto en un referéndum consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Supuestamente, la disputa se centra en el referéndum convocado para hoy, que no es vinculante, sino sólo una encuesta de opinión para determinar si una mayoría de hondureños desean, o no, que se inicie un proceso para modificar su Constitución.

Una iniciativa de este tipo nunca había tenido lugar en esta nación centroamericana, cuya constitución es tan limitada que sólo permite una mínima participación del pueblo hondureño en sus procesos políticos. Dicha constitución, redactada en 1982, en el momento álgido de la guerra sucia del gobierno de Reagan en Centroamérica, fue diseñada para instituir que quienes detentaban el poder tanto económico como político pudiesen mantenerlo con las mínimas interferencias del pueblo. Zelaya, elegido en noviembre de 2005 por la plataforma del Partido Liberal de Honduras, había propuesto la encuesta de opinión para determinar si la mayoría de los ciudadanos estaban de acuerdo en que era necesaria una reforma constitucional. Su propuesta fue apoyada por la mayoría de los sindicatos y movimientos sociales del país. De haber tenido lugar, y dependiendo de los resultados, se habría organizado un referéndum durante las próximas elecciones de noviembre para votar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero la encuesta prevista para hoy no era vinculante de acuerdo con la ley.

De hecho, varios días antes de que tuviera lugar, la Corte Suprema de Honduras la declaró ilegal a petición del Congreso. Es de señalar que ambos, Congreso y Corte Suprema, están controlados por mayorías contrarias a Zelaya y por miembros del ultraconservador Partido Nacional de Honduras (PNH). La ilegalización dio lugar a manifestaciones masivas favorables al presidente Zelaya. El 24 de junio, el presidente destituyó al jefe del alto mando militar, el general Romeo Vásquez, después de que éste se negase a permitir que los militares distribuyesen el material electoral para la consulta de hoy. El general Vásquez mantuvo el material bajo estricto control militar y se negó a distribuirlo, incluso a los seguidores del presidente, con la excusa de que la Corte Suprema había declarado ilegal la consulta prevista y, por lo tanto, no podía obedecer la orden presidencial. Al igual que sucede en Estados Unidos, el presidente de Honduras es el Comandante en Jefe y tiene la última palabra en cualquier acción militar, por lo que ordenó la destitución del general. Ángel Edmundo Orellana, ministro de Defensa, también dimitió como respuesta a esta situación cada vez más tensa.

Pero al día siguiente la Corte Suprema de Honduras restituyó en sus funciones al general Vásquez, tras declarar “inconstitucional” su destitución. Miles de hondureños se echaron a las calles de Tegucigalpa, la capital del país, en apoyo al presidente Zelaya, como muestra de su determinación de asegurar que la consulta no vinculante tuviera lugar. El viernes pasado, el presidente y un grupo de centenares de seguidores, marcharon a la cercana base aérea para recuperar el material electoral previamente secuestrado por los militares. Aquella noche, Zelaya celebró una conferencia de prensa nacional junto a un grupo de políticos de diferentes partidos y movimientos sociales, en la que hizo un llamamiento a la paz y a la unidad en el país.

Ayer sábado se informó que la situación en Honduras era tranquila. Sin embargo, en la madrugada de hoy domingo un grupo de aproximadamente sesenta militares armados asaltaron la residencia presidencial y tomaron como rehén a Zelaya. Tras varias horas de confusión, empezaron a filtrarse informaciones según las cuales el presidente había sido transportado a la cercana base aérea y llevado a la vecina Costa Rica. Hasta el momento no existen imágenes del presidente y se desconoce si su vida está en peligro.

Sobre las 10 de la mañana, hora de Caracas, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del presidente, denunció en directo en TeleSur que en la madrugada del domingo los soldados irrumpieron en su residencia disparando, golpearon al presidente y lo secuestraron. “Fue un acto cobarde”, dijo la primera dama refiriéndose al secuestro, que tuvo lugar a una hora en la que nadie pudo reaccionar. Castro de Zelaya hizo también un llamamiento para que mantuvieran con vida a su marido e indicó que incluso ella desconoce su paradero. Añadió que sus vidas siguen estando en “grave peligro” y pidió que la comunidad internacional denunciase este golpe de Estado y actuase con rapidez para reinstaurar el orden constitucional del país, lo cual incluye el rescate y regreso del democráticamente elegido Zelaya.

Evo Morales y Hugo Chávez, presidentes de Bolivia y Venuela, han realizado declaraciones públicas la mañana de hoy domingo, en las cuales condenan el golpe de Estado en Honduras y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que reaccione, se restaure la democracia y el presidente constitucional regrese a su puesto. El miércoles pasado, 24 de junio, tuvo lugar en Venezuela un encuentro extraordinario de los países miembros del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), de la que forma parte Honduras, con el fin de dar la bienvenida a la organización a Ecuador, Antigua, Barbados, San Vicente y las Granadinas. Durante el encuentro, al que asistió Patricia Rodas, ministra de Exteriores de Honduras, se leyó una declaración de apoyo al presidente Zelaya en la que se condenaba cualquier intento socavar su mandato y los procesos democráticos de Honduras.

Informes provenientes de Honduras establecen que el Canal 8 de la televisión pública ha sido tomado por las fuerzas golpistas. Hace pocos minutos TeleSur anunció que los militares hondureños están cortando la electricidad del país. Según ha informado la ministra Rodas en TeleSur: “Las comunicaciones telefónicas y la electricidad están cortadas. Las televisiones emiten dibujos animados y telenovelas y no informan al pueblo de Honduras de lo que está sucediendo.” La situación es muy parecida a la del golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez en Venezuela, cuando los medios jugaron un papel clave, en primer lugar manipulando la información como apoyo al golpe y, con posterioridad, eliminando cualquier información una vez que el pueblo empezó a manifestarse y terminó por derrotar a las fuerzas golpistas rescatando a Chávez, que también fue secuestrado por los militares, y restaurando el orden constitucional.

Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en Honduras tuvo lugar durante los años ochenta, cuando el gobierno de Reagan financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar cualquier “amenaza comunista” en Centroamérica. En aquel momento, John Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos en la región.

El viernes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria con el fin de discutir la situación en Honduras. Con posterioridad emitió un comunicado en el que condenó las amenazas a la democracia y autorizó el viaje a Honduras de un grupo de representantes de la OEA. No obstante, el viernes, Philip J. Crowley, secretario de Estado adjunto estadounidense, se negó a definir la posición del gobierno estadounidense con respecto al posible golpe de Estado contra el presidente Zelaya y, en su lugar, emitió una ambigua declaración de la que se desprendía que Washington apoyaba a la oposición al presidente Zelaya. Mientras que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos declararon sin ningún género de duda su más rotunda condena de los planes golpistas de Honduras y su inquebrantable apoyo al presidente constitucionalmente elegido, el portavoz estadounidense afirmó: “Nos preocupa la ruptura del diálogo político entre los políticos hondureños sobre la consulta constitucional del 28 de junio. Instamos a las partes a que busquen una solución democráticamente consensuada al actual callejón sin salida político, que sea conforme a la constitución y a las leyes hondureñas acordes con los principios de la Carta Democrática Interamericana.”

Hoy domingo, a las diez y media de la mañana, Washington todavía no ha emitido ninguna declaración relativa al golpe de Estado en Honduras. La nación centroamericana es muy dependiente de la economía estadounidense, que le asegura una de las principales fuentes de ingresos, las transferencias de dinero que envían los hondureños que trabajan en Estados Unidos bajo el programa de “estatuto temporal protegido”, instaurado durante la guerra sucia de Washington en la década de los ochenta a causa de la enorme inmigración a territorio estadounidense para escapar de la zona de guerra. Otra fuente importante de ingresos de Honduras es USAID, que aporta más de 50 millones de dólares anuales para programas de “promoción de la democracia”, los cuales habitualmente dan apoyo a las ONG y a los partidos políticos favorables a los intereses de Estados Unidos, como ha sido el caso en Venezuela, Bolivia y otras naciones de la región. El Pentágono también mantiene la base militar de Soto Cano en Honduras, con aproximadamente quinientos soldados y numerosos aviones y helicópteros de combate.

Patricia Rodas, ministra de Exteriores, ha dicho que ha intentado repetidamente ponerse en contacto con Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos en Honduras, el cual hasta el momento no ha respondido a ninguna de sus llamadas. El modus operandi del golpe de Estado deja bien claro que Washington está implicado. Ni el ejército hondureño, cuya mayoría ha sido entrenada por las fuerzas estadounidenses, ni las elites políticas y económicas del país derrocarían a un presidente democráticamente elegido sin el apoyo y respaldo de Washington. Las fuerzas conservadoras de Honduras han sometido al presidente Zelaya a ataques cada vez más frecuentes por su creciente relación con los países del ALBA, en particular con Venezuela y el presidente Chávez. Muchos están convencidos de que este golpe pretende asegurar que Honduras no seguirá acercándose a los países más izquierdistas y socialistas de América Latina.

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La Revolución No Será Televisada – Documental

Roy Guadalupe — Sat, 09 Aug 2008 17:23:06 +0000

The Revolution Will Not Be Televised (a.k.a. Chavez: Inside the Coup) [título original&fs=true] es un documental sobre el golpe de estado del año 2002 a Hugo Chavez en Venezuela.
Mas info en Wikipedia.

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La guerra en democracia (John Pilger) – Documental

Roy Guadalupe — Wed, 06 Aug 2008 16:41:42 +0000

Este documental, publicado en el año 2007 y titulado originalemente [The war on democracy&fs=true], trata sobre la política de EEUU en America Latina desde mediados del s. XX hasta nuestros dias, Incluyendo el frustrado golpe de estado al presidente de Venezuela Hugo Chavez del año 2002 y pasando por el golpe de Estado y asesinato de Salvador Allende. John Pilger es un prestigioso periodista australiano corresponsal de guerra en diferentes conflictos (Vietnam, Cambodia, Bangladesh, Egipto, India, etc). Más info aqui.

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